En las últimas horas los trabajadores del sector protestaron por el aumento desmedido de las materias primas y las tarifas de los servicios públicos, que encarecieron el costo del kilo de pan. Hace dos siglos nuestro país sufrió una crisis similar, zanjada mediante la desgravación impositiva del comercio interno y la aplicación de retenciones a la exportación. Comparamos ambos procesos y verificamos que la historia es circular.

Por Marcelo Benini
mbenini@periodicoelbarrio.com.ar

Según la teoría filosófica del eterno retorno, la historia no sería lineal sino circular. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a desarrollarse bajo otras circunstancias pero con resultados semejantes. Muchos autores, entre ellos Friedrich Nietzsche, sostienen que todos los acontecimientos del mundo, pasados, presentes y futuros, se repetirán por siempre. Invariablemente, volveremos a cometer los mismos aciertos y errores hasta el infinito. En algunos casos, como en la Argentina, con un lapso exacto de dos siglos.
En las últimas horas, los industriales panaderos se manifestaron en Plaza del Congreso -a pocas cuadras del Cabildo de Buenos Aires- y obsequiaron unos cinco mil kilos de pan en protesta por el aumento del precio de la harina, que subió 188 por ciento en los últimos cuatro meses y encareció notablemente el precio de este alimento. Según cita el diario Ámbito Financiero, hasta 2016, las retenciones a las exportaciones de trigo permitían controlar el precio interno de la harina, pero desde hace dos años el mercado está desregulado y los productores venden ese insumo dentro del país al mismo precio que en el exterior. “La razón de los incrementos no sólo hay que buscarla en el exorbitante incremento de las materias prima, como la harina, sino también en los tarifazos en la luz, el agua y el gas, que trastocaron los procesos y costos de producción”, agrega Página 12.
Por su parte, el periodista especializado en temas agropecuarios Daniel Aprile menciona los costos fijos vinculados a las paritarias, las cargas laborales y la competencia desleal como otros factores que erosionan fuertemente la rentabilidad de las panaderías. Pero el conflicto del sector no es el primero ni posiblemente sea el último. De hecho, tiene un antecedente histórico en los primeros años posteriores a la independencia de nuestro país, cuando éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Concretamente, en junio de 1818 Buenos Aires enfrentó una fuerte crisis con el gremio de los panaderos y el Cabildo volvió a ser el epicentro de su manifestación, aunque en este caso para resolverla políticamente.

Litografía de Gregorio Ibarra de un vendedor de pan (Museo Saavedra).

Impuesto al pan
En la Revista de Administración Pública, editada en 1967 por la Secretaría de Estado de Hacienda, se publica un artículo titulado La administración financiera en la primera década de la independencia, firmado por Oscar Horacio Elía. Allí se explica que los ingresos del Cabildo de Buenos Aires no eran muy importantes en aquellos años, ya que los fondos recaudados apenas resultaban suficientes para hacer frente a las necesidades comunales. “No obstante los cabildantes, inspirados en el propósito de servir a la causa emancipadora, realizaron los máximos esfuerzos cediendo parte de los recursos para la atención de los gastos de las Provincias Unidas”, señala Elía.
Entre esos ingresos del Cabildo se encontraba la denominada “contribución de panaderos”, un gravamen aplicado a los comerciantes del ramo. “El Gobierno de las Provincias Unidas, ante los problemas que le creaba la guerra de la independencia, se hallaba impedido, a pesar de sus deseos, de reducir las contribuciones que pesaban sobre la población. No obstante ese inconveniente, no dejaba de lado el propósito de lograr que el incipiente régimen impositivo se basara en la igualdad y en la justicia”, dice el artículo. A tal fin, el 23 de junio de 1813 el Ministerio de Hacienda fijó el polémico impuesto a los fabricantes y vendedores de pan. Esto es lo que dice la resolución, redactada en español antiguo:
“Deseando el Supremo Poder Executivo que las contribuciones subsidiarias se formen sobre datos equitativos y seguros para no dar lugar a reclamaciones, que a veces ceden en deshonor del Gobierno y en perjuicio del Estado, me ordena prevenga a V.E. que la contribución anual de 500 pesos impuesta a los panaderos y harineros ha de prefixarse forzosamente, después de haberse tomado los conocimientos necesarios sobre la venta diaria de pan que cada uno tenga, los asientos de atahona (N. de la R.: molinos harineros) que trabajen, el capital que tenga invertido en su tráfico, los esclavos que ocupen (…) y la familia que tengan. Formada la contribución sobre estos datos, quiere aun el gobierno que V.E. le mande rectificar cada dos ó quatro meses, conforme el aumento o disminución que hayan sufrido los contribuyentes en su tráfico. Excmo. Ayuntamiento de esta Capital”.
De esta manera el Estado Nacional fijó a los panaderos un gravamen similar al actual impuesto a las ganancias, que debían abonar anualmente. Sin embargo, la presión fiscal generó una asfixia en el sector que se tradujo no sólo en evasión impositiva (la deuda de los panaderos ascendía a 60.000 pesos de la época “a pesar de las diversas gracias y rebajas” concedidas) sino en prácticas abusivas sobre los consumidores, que denunciaban una merma en la calidad y el peso del pan, las galletas o los bizcochos que compraban. El tema llegó a oídos de las autoridades del Cabildo, que se vieron obligados a actuar ante la presión popular.

En La Gazeta de Buenos Ayres del 10 de junio de 1818 se publicó la desgravación impositiva del pan (Museo Saavedra).

Desgravación impositiva
En el Museo Histórico Saavedra se encuentra resguardada la colección completa de la Gazeta de Buenos Ayres. El Nº 74, correspondiente al 10 de junio de 1818, comunica el feliz desenlace de la situación económica que por esos días afectaba a panaderos y habitantes de Buenos Aires en proporciones similares. El semanario, primer medio periodístico post revolucionario, informa que en la sesión del 5 del corriente el Soberano Congreso Nacional aprobó un decreto rectificatorio de la medida adoptada cinco años atrás.
“La sola idea de que la contribución impuesta al gremio de los panaderos por los gobiernos que me han precedido pudiese refluir de algún modo sobre los consumidores del pan, causando minoración en el peso ó en la cantidad, hace mucho tiempo que tiene agitado mi espíritu y ha conmovido muchas veces mi sensibilidad a favor de las clases del Estado, especialmente de las más miserables y necesitadas, contrayéndome aun en los ratos de descanso de mis pesadas tareas a meditar el medio de extinguirla, sin causar el quebranto que necesariamente debe resultar a los fondos públicos gravados con enormes atenciones”, comienza diciendo la resolución, firmada por Juan Martín de Pueyrredon.
Luego de formular algunas consideraciones adicionales, entre las que hace hincapié la necesidad de evitar “hacer más dura la vida de las personas miserables”, el Director Supremo de las Provincias Unidas dispuso que cesara la contribución impuesta a los panaderos y se trasladara ese gravamen a los trigos, harinas, maíz, cebada, galleta o pan que se extrajeran por el puerto de Buenos Aires para enviar a los pueblos separados de la Unión (¿las retenciones actuales a las exportaciones?). También se determinó, a fin de que los fondos del Estado no resultaran defraudados por las contribuciones impagas, que las deudas de los panaderos podían ser canceladas “por tercios partes” en tres meses consecutivos. Para los casos en que persistiera el incumplimiento, Pueyrredon autorizó el cobro “por todos los medios de execución y apremio hasta cerrar las panaderías a los contumaces”.
Como la historia es aparentemente circular y se repite cada tanto, los panaderos argentinos vuelven a tropezar, 200 años más tarde, con la misma piedra. ¿Habrá, como en aquel entonces, algún funcionario que la quite del camino?

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