Lo sucedido hace unas semanas en la obra de construcción de Villa Urquiza nos hace reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente ¿Quién lo protege? Existe mucha normativa en materia ambiental a nivel nacional, provincial y local, pero el problema es su cumplimiento o, mejor dicho, su incumplimiento.
Como habitantes de esta Tierra, tenemos derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para las generaciones futuras, tal como está establecido en nuestra Constitución Nacional en su Artículo 41.  Pero, ¿qué sucede cuando vemos afectado este derecho y el ambiente es contaminado, poniendo en riesgo nuestra salud? ¿Cómo podemos intervenir? Tenemos el derecho al libre acceso a la información pública ambiental y, como ciudadanos, deberíamos hacer uso del mismo para poder  defender el ambiente y nuestra salud.
Desde hace unas semanas, en el barrio estamos siendo afectados por una obra en construcción que, a partir de un problema de derrumbe, se detectó que estaba vertiendo a la vía pública agua con hidrocarburos. Ante esta situación, el vecino Facundo Somosa realizó una denuncia en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente.
Por otro lado, personal de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se presentó en el lugar y solicitó la intervención de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental del GCBA. Esta dependencia inspeccionó la obra y detectó la presencia de hidrocarburos con bajo riesgo de explosividad y vuelcos indebidos en el sumidero de la vía pública. En consecuencia, se procedió a la clausura de la obra. Cabe aclarar que, años atrás, funcionaba una estación de servicios Shell en ese terreno.
A nivel nacional, rige La Ley General del Ambiente N° 25.675, que regula la Evaluación de Impacto Ambiental y la información referida al tema. Específicamente, el Artículo 16 establece: “Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren”. El Artículo 18, en  tanto, señala que “las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades”.
Más específicamente, la Ley N° 25.831 regula a nivel nacional el libre acceso a la información pública ambiental. En ella se establece que el acceso será libre y gratuito para toda persona, sin necesidad de acreditar razones ni un interés determinado. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 123 reglamenta el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que debe llevar adelante toda obra o actividad que genere impactos ambientales. Asimismo, la Resolución N° 326/APRA/13, de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, establece el “Procedimiento de Evaluación de Sitios Potencialmente Contaminados con Hidrocarburos y de la Recomposición Ambiental”.
Como vecinos, podemos solicitar que se nos informe si la obra de Triunvirato y Olazábal cumplió con la normativa ambiental, específicamente con la Ley N° 123 y la Resolución 326/APRA/13. Asimismo, que se facilite el acceso al expediente presentado por el responsable de la actividad, a los estudios de impacto ambiental y demás documentación respaldatoria. Todo ello basado en la Ley N° 25.831, la Ley N° 25.675 y el Artículo 41 de la Constitución Nacional.
La Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APRA) es el organismo que posee el poder de policía en materia ambiental en la Ciudad, con sede en la calle  Moreno 1379. Cualquier persona, haciendo uso de su derecho, podrá presentar una formal solicitud, en la que deberá constar la información requerida y la identificación del o los solicitantes. Las solicitudes de información ambiental deberán resolverse en un plazo máximo de 30 días hábiles, a partir de la fecha de presentación.
Ante incumplimientos, la herramienta con que contamos está contemplada en el Artículo 43 de nuestra Constitución. Este establece la acción de amparo como remedio ante violaciones a nuestros derechos, entre ellos el derecho a un ambiente sano. Pero, más específicamente, la Ley General del Ambiente, en su Artículo 30, regula el amparo ambiental. Éste dispone que, una vez producido el daño ambiental, podrán solicitar la recomposición del ambiente dañado, tanto el afectado como el Defensor del Pueblo y las ONG ambientales.
Como ciudadanos y habitantes de este planeta Tierra, tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano pero también la responsabilidad de no dañarlo y, si eso sucede, la obligación de recomponerlo. También debemos preservar el ambiente, no sólo para nosotros sino también para las generaciones futuras.
En la obra en cuestión, nos preguntamos: ¿Se llamó a audiencia pública? ¿Se puso a disposición de los vecinos la información ambiental? ¿Se presentó un estudio de impacto ambiental y, de ser así, se otorgó el Certificado de Aptitud Ambiental? ¿Se cumplió con la Resolución 326/2013 de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se efectuó un relevamiento en el predio para determinar presencia de contaminantes o combustibles que pudieran existir de usos anteriores?

Gabriela Ramat
Abogada – Especialista en Derecho Ambiental (UBA)
Tomo 99 Folio 181
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
Registro de Evaluación Ambiental N° 1585
ramat@chaer.com.ar

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