Desde que se anunció la llegada del subte, hace casi dos décadas, Villa Urquiza fue uno de los barrios que más creció en altura. La codicia y la impunidad de ciertos constructores derivó en grandes desastres edilicios, incluso con víctimas fatales. Algunas de las maniobras contaron con la connivencia de las autoridades de turno. Un repaso de los casos más resonantes de irregularidades en emprendimientos inmobiliarios.

En los últimos veinte años, Villa Urquiza fue escenario de no pocos escándalos inmobiliarios. Combinadas en dosis iguales, la impunidad y la codicia derivaron en graves perjuicios para los vecinos del barrio. La mayoría vieron comprometidos o incluso perdieron sus ahorros, pero hubo otras familias que pagaron un precio más elevado: la pérdida de sus seres queridos. Repasamos tres de los casos más resonantes.

El santo de la estafa
Muy conocida en Villa Urquiza durante los primeros años de la década del 90, San Sebastián Propiedades era una constructora inmobiliaria que llegó a levantar seis edificios en la zona. Sus esqueletos, algunos de ellos ocupados ilegalmente por familias de escasos recursos, pueden verse en Alvarez Thomas 3439, Mendoza 5184 y 5220, Monroe 3132, Ricardo Balbín 2551 y Roosevelt 5269. Nadie, por desconfiado que fuera, hubiese podido imaginar que detrás de esa fachada de ladrillos se escondía una asociación ilícita que lucraba con la ilusión de los vecinos. Y mucho menos que la encabezara el entonces presidente del Concejo Deliberante, hoy Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, José Manuel Pico. La maniobra consistía en vender, bajo condiciones muy ventajosas, departamentos en torres que nunca llegarían a ser habilitadas por violar el Código de Planeamiento Urbano. Para cuando se descubrió la trampa, horas antes de la Navidad de 1994, era demasiado tarde…
La Justicia concluyó que San Sebastián Propiedades estafó a 534 familias de Villa Urquiza y otros barrios mediante la venta fraudulenta de departamentos. Tras la instrucción llevada adelante por el juez Raúl Irigoyen y el fiscal José María Campagnoli, el Tribunal Oral Criminal Nº 8, integrado por los jueces Rodolfo MadariagaAlejandro Sañudo y Hugo Rocha Degreef, condenó en enero de 1999 a Antonio Nicolosi, presidente de San Sebastián, José María Pintos y Jorge Granja, gerentes de la firma, a trece, siete y tres años de prisión respectivamente. En 2002 Pico fue condenado a 14 años de prisión, la pena más dura a un político por corrupción, y la inhabilitación de por vida para volver a ocupar un cargo público. Huyó a Brasil, pasó 48 días prófugo y al final lo ubicó la SIDE en Porto Alegre.
Según consta en el expediente judicial, el monto estimado del negocio de San Sebastián Propiedades ascendía a casi 42 millones de dólares. El cálculo surge del producto del metraje total de los 16 edificios que la empresa construyó en la Capital Federal y el precio promedio de venta del metro cuadrado. La organización delictiva que integraba el ex edil Pico, junto con otros 41 imputados, invirtió aproximadamente 17 millones de dólares en la construcción de los inmuebles. Según dedujo la periodista Laura Zommer en una de las tantas crónicas que sobre el caso escribió para el diario La Nación, el grupo habría obtenido una ganancia de 25 millones de dólares.

Impericia fatal
Con el trágico saldo de tres muertos y once heridos el 9 de agosto de 2010 se derrumbó el gimnasio Orion Gym en Mendoza 5030, entre Triunvirato y Avalos, en pleno corazón de Villa Urquiza. Sobre la vereda de Mendoza 5030 había dos locales de ropa y encima de ellos estaba el gimnasio, que contaba con dos plantas. Mirando desde la vereda enfrentada a lo que era Orion Gym, a la derecha de este local se encontraba el pozo de un edificio en construcción.
A pesar de que el Gobierno porteño aseguró en un principio que la obra estaba en regla, la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) denunció que tenía varios problemas estructurales. Días después trascendió la defectuosa excavación y submuración realizada por la constructora, que no cumplió con la metodología utilizada para este tipo de trabajos. Por esta razón el jefe de Gobierno Mauricio Macri despidió el día posterior a la tragedia a Oscar Ríos, titular de la Agencia Gubernamental de Control. El desplome de la propiedad obligó a realizar un megaoperativo, del que participaron casi 200 efectivos. Los rescatistas buscaron por largas horas a la mayoría de los once heridos (unos pocos pudieron salir por su cuenta) y encontraron entre los escombros a las tres víctimas fatales. Ellos eran Guillermo Fede (37), empleado del gimnasio; Luis Lu (23), un joven de origen oriental; y Maximiliano Salgado (18), estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación.

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La jueza de instrucción María Fontbona de Pombo procesó sin prisión preventiva al ingeniero civil Guillermo Heyaca Varela y al empresario Daniel Menta. Se los responsabilizó por estrago doloso por medio de derrumbe de edificio, agravado por haber causado la muerte de tres personas y lesiones de distinta índole a al menos otras 11 y sus bienes fueron embargados en la suma de diez millones de pesos. El primero es el hombre responsable de la obra lindera al gimnasio y el segundo es el titular de Desarrolladora Mendoza S.A. Además, la magistrada sobreseyó a los coimputados José Pataro, César Armando Colovini y Juan Domingo Aslla por no haber cometido el hecho, según explica la resolución. También dejó con falta de mérito a varios funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acusados por la querella.

Una bomba de tiempo
A fines de 2011 un fallo judicial advirtió que un edificio de Villa Urquiza corría riesgo de explosividad, pues está construido sobre una antigua estación de servicio y su suelo y napas freáticas están contaminados con combustibles. Se trata de la propiedad situada en la calle Mendoza 4406, esquina Mariano Acha: el juez federal Julián Ercolini y la Sala Segunda de la Cámara Federal procesaron a la arquitecta que compró el predio para levantar el edificio.
La historia es así: la constructora Lilquen S.A. entregó a principio de 2009 las nuevas viviendas del complejo habitacional. Pero, al poco tiempo, los flamantes vecinos empezaron a percibir olores extraños. Ante la indiferencia de la empresa decidieron llamar a Metrogas para que identificara en qué consistía esa extraña emanación. Luego de varias visitas y roturas de veredas, encontraron la razón de los olores: había combustible de la vieja estación de servicio SOL, que funcionó en el lugar hasta 2005, depositado en las napas freáticas. Sin que mediara ningún tipo de explicación, el 13 de noviembre de 2009 los habitantes del edificio fueron desalojados de urgencia por personal de la Comisaría 39ª y de la Superintendencia Federal de Bomberos.
Desde entonces, el complejo de Mendoza 4406 está cerrado y tiene un cartel en la puerta que indica No Pasar. Según el testimonio de los propietarios, las unidades están vacías y se están deteriorando. Las paredes tienen manchas de humedad y se están descascarando. Y, como si fuera poco, los baños pierden agua. Según el expediente judicial, se pudo establecer que para el 5 de diciembre de 2006 en el predio en cuestión ya no funcionaba la estación de servicio y que las instalaciones se estaban desmantelando. La ex Dirección General de Control de la Calidad Ambiental, actual Agencia de Protección Ambiental, intimó al propietario a que acreditara el cumplimiento de las previsiones de limpieza y saneado de la napa.

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Además se le pidió a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos que no autorizara el cambio de actividad y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro que no autorice el permiso de obra hasta que se cumplimentaran los requisitos exigidos. Como no se cumplieron los pedidos de seguridad, la Dirección de Control de Calidad Ambiental dispuso la clausura de la obra el 18 de febrero de 2008. Esta decisión fue notificada a la arquitecta Silvia Beatriz Amutio, vecina del barrio y responsable de la obra, un par de días después. En su presencia, se colocó una faja de interdicción en el acceso al predio. A pesar de que la obra había sido clausurada, la arquitecta siguió con ella hasta su finalización. ¿Nadie la controló en ese lapso?
Actualmente el Gobierno de la Ciudad se está haciendo cargo de los trabajos de remediación “con un sistema de ventilación forzosa para sacar los gases”, según explicaron desde la Agencia de Protección Ambiental. En este caso, da la sensación de que los compradores podrán recuperar sus departamentos una vez que sea saneada la napa. Claro que, como pudimos apreciar, no siempre las irresponsabilidades inmobiliarias tienen final feliz.

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