Lanzan un programa oficial para contratar mujeres como choferes de colectivos

La propuesta del Ministerio de Trabajo tiene como objetivo “erradicar las prácticas discriminatorias” y promover la igualdad de género en esa actividad.

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El Ministerio de Trabajo creó oficialmente este jueves una plataforma para impulsar la contratación de mujeres como choferes de colectivos y micros. Se trata del Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la Actividad del Transporte Automotor, que busca “la promoción de estándares de igualdad de género y de igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso a los puestos de trabajo y al sostenimiento del empleo” en esa actividad.

En ese sentido se dispuso que el costo del financiamiento para la obtención de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), exigible como habilitante para las mujeres aspirantes a choferes de colectivos, estará a cargo del ministerio que conduce Claudio Moroni. “Surge la imperiosa necesidad de revisar ciertas prácticas que se manifiestan en el acceso al trabajo en la actividad de transporte automotor, contrarias al principio de no discriminación y de igualdad de trato a las mujeres”, expresaron desde la cartera nacional.

“La ínfima contratación de mujeres para cumplir tareas como chofer de colectivo da cuenta de procesos de selección sesgados por estereotipos de género, que obstaculizan la garantía de igualdad real de oportunidades y trato en el trabajo”, agregaron. A su vez informaron que “con el objeto de profundizar las acciones que busquen erradicar las prácticas discriminatorias detectadas en los procesos de selección de personal para ocupar un puesto de chofer de colectivo, resultará imprescindible potenciar las tareas de fiscalización, difusión, sensibilización y capacitación en la materia”.

Estas iniciativas se encuadran en el recordado fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ante el caso de Érica Borda, una chofer de colectivo que fue discriminada por diferentes empresas en su búsqueda laboral por razones de género. La sentencia estableció la obligación para las autoridades gubernamentales de establecer una reglamentación para compensar las desigualdades detectadas en la actividad.

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