El mega emprendimiento inmobiliario Palacio Roccatagliata está parado desde 2016. Emplazado en la esquina de Balbín y Roosevelt, el edificio debió entregarse a los compradores el año pasado pero la Justicia frenó su construcción por irregularidades. Las dos torres del complejo, levantadas alrededor de la centenaria casona, quedaron inconclusas y se desconoce si se serán retomadas. Hablamos con uno de los damnificados, ex dueño del terreno donde antes funcionaba una estación de servicio, y con un abogado ambientalista, que sostiene que la obra “es ilegal en todo sentido».

Por Tomás Labrit
tlabrit@periodicoelbarrio.com.ar

Desde que se anunció el proyecto, allá por el año 2011, el emprendimiento inmobiliario Palacio Roccatagliata fue siempre motivo de conflicto. Emplazado en la esquina de Ricardo Balbín y Roosevelt, el plano inicial contemplaba la construcción de dos torres -una de 28 pisos y otra de 13- con un total de 350 unidades entre viviendas y oficinas. En el centro del complejo se “luciría” la centenaria casona, que sería restaurada e incorporada como parte de los amenities. La dimensión que tendría el nuevo edificio generó preocupación en un grupo de vecinos, que argumentaba que el emprendimiento era desproporcionado para la zonificación del área y además alteraría la fisonomía del barrio. Cabe recordar que el palacio forma parte del patrimonio de la Ciudad desde el año 2009 y está incluido dentro del APH (Área de Protección Histórica) que rige en Coghlan desde 2007.

Marchas y contramarchas
Según los plazos iniciales, la obra debía ser entregada a los compradores a fines del año pasado, pero hoy se encuentra a medio terminar y amenaza con convertirse en un nuevo Elefante Blanco. El proyecto fue suspendido en noviembre de 2016 por un fallo del juez Osvaldo Otheguy, quien consideró que la construcción violaba el Código de Planeamiento Urbano y no se realizó el estudio de impacto ambiental obligatorio con audiencia pública. Además, el magistrado cuestionó el “amplio margen de discrecionalidad” del Gobierno de la Ciudad al autorizar la obra, en abril de 2014, cuando en realidad se trataba de una facultad de la Legislatura porteña.
Esta decisión judicial fue adoptada tras un recurso de amparo presentado por Gustavo Vera, por entonces legislador porteño y actual titular de La Alameda, quien denunció que el complejo excedía entre un 40 y 80 por ciento los metros cuadrados permitidos y también sobrepasaba la altura, ya que el máximo para esa zona es de 13 pisos.

El plano inicial del emprendimiento proyectaba dos torres alrededor de la centenaria casona: una de 28 pisos y otra de 13.

Los desarrolladores del proyecto (Palacio Roccatagliata S.A.) y el Gobierno porteño apelaron este fallo, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones lo ratificó por unanimidad un año más tarde, en octubre del 2017. “Los habitantes no sólo tienen el derecho a un ambiente saludable y sostenible, sino también el deber de preservarlo y defenderlo”, fundamentaron los jueces Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban Centanaro.
El 26 de octubre de 2018 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad revocó esta sentencia y rechazó la demanda de nulidad de la obra, pero la defensa de Vera presentó un nuevo recurso extraordinario. Ahora el Tribunal debe decidir si lo desestima, con lo que se reanudaría la construcción, o el caso es derivado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, afirma que el fallo del TSJ fue “escandaloso” porque “los jueces aceptaron lo señalado por la Cámara de Apelaciones pero argumentaron que el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene la facultad de hacer excepciones individuales” al código urbanístico. El letrado, patrocinador de Vera en el amparo presentado en 2016, explica que la obra “es ilegal en todo sentido” porque debió haber sido la Legislatura porteña quien la autorizara, mediante una modificación de la reglamentación vigente, y no el Gobierno de la Ciudad.

En primera persona
Se estima que de las 350 unidades ya hay vendidas unas 270. Uno de los damnificados es Juan Carlos Fernández, quien era propietario del predio donde se levantó el edificio y antes funcionaba una estación de servicio. Ingeniero y Director de Natal Inversiones, permutó el terreno a cambio de departamentos y hoy se encuentra a la espera de una respuesta de la Justicia.
“Los desarrolladores del emprendimiento nos han enviado a todos los compradores un informe sobre el futuro avance de la obra sujeto a que el fallo del TSJ, que rechazó finalmente el absurdo amparo, le devuelva el expediente al juez de primera instancia, Dr. Otheguy, para que proceda a validar nuevamente los planos y así se pueda continuar con la construcción”, subraya Fernández, quien cree ser “el principal damnificado por la inacción del Gobierno de la Ciudad” y asegura estar “harto de esperar”.
“Desde que se emitió el fallo, a finales de 2018, la Justicia de la Ciudad ha hecho nada al respecto. ¿No les importa la suerte del desarrollo ni los intereses de quienes de muy buena fe compramos casi 270 unidades de ese edificio, con fecha de entrega en diciembre de 2018?”, se pregunta con resignación.
En cuanto a una posible reanudación de la obra, dice desconocer una fecha tentativa: “Según nos dicen los constructores, el complejo está edificado en un 40 por ciento y ya se invirtieron 35 millones de los 70 previstos originalmente. La gran mayoría de los compradores somos conscientes de la gravedad del tema generado por el Gobierno porteño y nos estamos abocando a su solución con el Ministro de Desarrollo Urbano y con el Procurador de la Ciudad”.
Fernández vendió el predio -de 3500 metros cuadrados- en 2011, pero estuvo vinculado al emprendimiento hasta lograr el certificado de saneamiento de napas y tierra, que concluyó dos años después. “Se nos llamó a declarar en el marco del amparo judicial que paró la obra en 2016, pero el mismo juez desistió de nuestro testimonio por ser totalmente ajenos a la causa”, recuerda, a la vez que se desliga de las acusaciones.

La Villa Roccatagliata, construida en el año 1900, quedó atrapada entre las dos torres inconclusas.

Devolución del dinero
En marzo de 2018 se conoció que un grupo de compradores, patrocinados por Facundo Etchenique, había iniciado un juicio para que se les devolviera lo invertido. Según se informó a través de los medios, reclamaban un valor promedio de U$S 3.500 por metro adquirido, pero los desarrolladores argumentaron que no contaban con los fondos para hacerse cargo. El letrado, que representa legalmente a unos 30 compradores, informó entonces que sus clientes “pagaron, en promedio, entre el 80 y 90 por ciento del valor de sus unidades y en este momento son dueños de nada”. También aseguró que demandaría al Gobierno porteño por responsabilidad solidaria, “para que responda conjuntamente con quienes contrataron y defraudaron” a los damnificados. Este periódico intentó consultarlo telefónicamente en su estudio jurídico (Etchenique y Asociados), pero no logró hacer contacto.

Escrache y polémica
En abril del año pasado aparecieron carteles en el frente de la obra, firmados por “compradores autoconvocados hartos de demoras”, en los que se escrachaba a los vecinos que se opusieron al proyecto. Días después de este hecho, los propios desarrolladores taparon las inscripciones y colocaron otras dos, para defender el emprendimiento y reclamar su continuidad. “Tenemos toda la documentación de obra y ambiental aprobada: queremos terminar la obra”, aseguraba el cartel.
El proyecto y dirección lo llevan adelante KWZ Arquitectos (Kaufman, Wainstein y Zelwianski), Estudio Aisenson y Iannuzzi-Colombo Arquitectos, con la comercialización de Korn Propiedades. Desde el área de emprendimientos de la inmobiliaria estiman que la construcción volverá a retomarse, “pero no sabemos cuándo”, y cuentan que se dejaron de vender las unidades a fines del 2017, cuando la Justicia confirmó la paralización de la obra.
La empresa había asegurado que el proyecto contaba con “todos los planos aprobados” y explicó que “se invirtieron millones para conservar la casona y muchos inversores ya compraron sus departamentos”. “Este precedente puede afectar el desarrollo de emprendimientos similares en la Ciudad y desalentar la inversión a futuro”, advirtieron en su momento. Desde hace dos meses El Barrio intenta establecer contacto personal con Mario Korn, titular de la firma, hasta el momento sin éxito.

«Según nos dicen los constructores, el complejo está edificado en un 40 por ciento», asegura Juan Carlos Fernández, uno de los damnificados.

¿Se repite la historia?
La Villa Roccatagliata, protagonista secundaria de este conflicto, se erigió en el año 1900 por pedido de Juan Roccatagliata, aunque se desconoce quién fue su autor. El dueño de la conocida Confitería del Molino decidió construirla como quinta de veraneo, al tratarse de una zona alejada del centro porteño, pero luego derivó en vivienda permanente. A lo largo de su historia, el palacio debió pasar por distintos avatares poco felices, que lo llevaron a un estado de abandono total.
Desde los años 80 hasta la década pasada funcionó en el predio una estación de GNC, que usaba al edificio como minimercado y bar. Una vez finalizada la concesión, en 2010, se desconocía cuál sería el destino que tendría el edificio, hasta que salió a la luz este proyecto inmobiliario. Ahora la incertidumbre vuelve a reinar en los vecinos de Coghlan, que temen que la esquina sea intrusada, y también en los compradores, que apostaron genuinamente por el emprendimiento y hoy se encuentran a la deriva.

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